La crisis de la vivienda en España ha alcanzado un punto de inflexión, impulsada por el malestar social y las demandas de los jóvenes. A pesar de que el artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna y prohíbe la especulación, la realidad muestra alquileres desorbitados y una media de 45 desahucios diarios. Los políticos que reduzcan este problema a disputas partidistas ignoran una situación crítica que afecta a ciudadanos vulnerables.
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