El Tribunal Supremo ha anulado una instrucción de la Generalitat que establecía que la retolación de los centros educativos sostenidos con fondos públicos debía realizarse en catalán, occitano en l'Aran y lengua de signos catalana. La Sala Contenciosa determinó que excluir el castellano de la señalización de las instalaciones no se ajusta a derecho. Por ello, invalidó el apartado del documento de organización de centros docentes para el curso 2022-2023 aprobado por el Departament d'Educació.
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