El Tribunal Supremo ha solicitado a las comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la procedencia de formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta medida surge ante la duda de si dicho proceso de regularización podría entrar en colisión con la normativa comunitaria vigente, buscando así una resolución jurídica definitiva por parte del organismo judicial europeo correspondiente.
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