Giro en las autonomías con la VPO: dos de cada tres ya impiden liberalizar sus viviendas públicas

Dos de cada tres comunidades autónomas han implementado medidas para blindar la VPO, evitando que inmuebles construidos con suelo, financiación o recursos públicos se incorporen al mercado libre. Diversos gobiernos regionales han reformado sus leyes y reglamentos actuales para declarar la calificación permanente de parte de su parque público. Estas acciones buscan impedir la descalificación de las viviendas o prolongar su protección oficial durante toda la vida útil del edificio para asegurar su disponibilidad social.