El Congreso de los Diputados ha rechazado el real decreto-ley que permitía prorrogar los contratos de alquiler hasta dos años. Esta decisión deja desprotegidos a miles de inquilinos frente a posibles subidas drásticas de precios, generando incertidumbre y riesgo de desahucios para quienes no pueden asumir los nuevos costes del mercado.
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